Hacienda aprueba la nueva Plusvalía municipal

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Hacienda aprueba la nueva Plusvalía municipal

El Consejo de Ministros aprobaba este lunes la reforma del Impuesto tras ser declarado nulo por el Tribunal Constitucional.

Se ha dado prisa el Gobierno en aprobar una alternativa al Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), importante fuente de financiación para los Ayuntamientos. Precisamente estas prisas en regular el impuesto han sido duramente criticadas desde diversos ámbitos, dado que muchos entienden que debería haberse plasmado mediante un proyecto de Ley y no mediante un Real Decreto Ley. Incluso desde el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) se ha urgido al Gobierno a que lo tramite como un proyecto de Ley dado que, han advertido, “podría vulnerar el principio de reserva de ley del articulo 133 de la Constitución”. Por su parte, la Asociación nacional de Inspectores de Hacienda Publica Local prevé una oleada de recursos de inconstitucionalidad y alerta de que se agravará la inseguridad juridica.

Tras el varapalo judicial sufrido, la nueva norma ya en vigor, permite al contribuyente elegir el método que más le convenga para el cálculo de la base imponible del Tributo. Se ofrecen dos alternativas. Una basada en la aplicación de unos coeficientes sobre el valor catastral en función del numero de años transcurridos entre la compra y la transmisión (método muy similar al que se venía utilizando con anterioridad). Otra segunda alternativa permite calcular el tributo sobre la plusvalía real obtenida por la diferencia entre el precio de compra/herencia y el de venta. Por tanto, y en aplicación de esta segunda alternativa, no estarán sujetas a tributación aquellas operaciones en las cuales no se genere una plusvalía.

Como novedad se incluye que las plusvalías generadas en menos de un año también serán gravadas. Hasta ahora no se pagaba por dichas transmisiones.

En el plazo de un mes la norma deberá ser convalidada en el Congreso, donde se puede decidir que se tramite como Ley, lo que no impediría que siga en funcionamiento. El Gobierno ha dado seis meses a los Ayuntamientos para trasladar la norma a sus ordenanzas municipales. Mientras se realizan estos cambios, se aplicarán los coeficientes máximos que se han marcado en la regulación. Posteriormente los Ayuntamientos podrán aplicar un coeficiente inferior. Asimismo podrán corregir, hasta en un 15% a la baja, los valores catastrales del suelo.

La nueva norma solo afectará a aquellas operaciones realizadas desde su entrada en vigor. Las operaciones realizadas entre el 26 de octubre (fecha de la sentencia de nulidad) y el 9 de noviembre quedan en una situación de vacío normativo.

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